La Ley de Bienestar Animal y el control de plagas

31 Marzo, 2023

La publicación de la nueva Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales ha suscitado un ambiente de cierta preocupación en el sector de control de plagas. En concreto, el aspecto más polémico y que supuestamente afectaría a nuestra actividad, tiene que ver con las limitaciones en el control de animales vertebrados, puesto que también se ha modificado el Código Penal en materia de maltrato animal a través de la Ley Orgánica 3/2023, que modifica a su vez la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Esto afectaría, por tanto, a las labores de desratización, es decir, a los tratamientos para eliminar ratas y ratones o, por ejemplo también, al control de aves. No se verían afectadas las tareas de desinsectación, puesto que animales como las cucarachas, las hormigas o las chinches de cama, no están contempladas. ¿Es esto cierto? ¿Va a afectar dicha ley a las empresas de control de plagas? ¿Nos pueden denunciar por “matar” una rata?

Hay que aclarar que la mencionada ley no ha entrado en vigor. Después de su publicación, deben pasar seis meses para ello, estando pendiente todavía el desarrollo reglamentario de muchos aspectos de la misma. Su ámbito de aplicación son los animales de compañía y silvestres en cautividad, por lo que no se vería afectado ningún organismo que pueda ser considerado plaga; dejando a un lado que existan personas que tengan ratones o ratas como mascotas. Por otro lado, la modificación del Código Penal en materia de maltrato animal establece que cualquier actividad legal regulada y amparada por otras disposiciones de carácter general, están eximidas de cualquier delito. Precisamente, el sector de control de plagas está amparado por una amplia regulación normativa al respecto, tanto a nivel europeo, como nacional, autonómico e incluso local. Es decir, las empresas de control de plagas no podemos ejercer nuestra actividad de cualquier manera, sino que debemos aplicar normativas estrictas y específicas. Por tanto, a priori, no debería haber afección alguna por parte de esta ley.

En este punto, conviene volver a recordar la importancia que tienen las empresas de control de plagas a la hora de proteger la salud pública. No realizamos tratamientos para eliminar insectos o roedores por que sí. Estamos controlando poblaciones de organismos que son potenciales transmisores de diversas patologías al ser humano. Hay que tener en cuenta que las enfermedades zoonóticas, las cuales se transmiten de los animales a las personas, son uno de los problemas de primer orden a los que se enfrenta la salud pública hoy en día. A todo esto hay que añadir los cuantiosos daños materiales que estos animales nocivos pueden provocar en materiales, infraestructuras, alimentos, etc., o los trastornos psicológicos que padecen algunas personas que sufren una plaga. Queda por tanto más que justificada las acciones llevadas a cabo por las empresas de sanidad ambiental.

A pesar de que en principio no va a ser afectado por la norma, el sector de control de plagas trata de adaptarse a las nuevas sensibilidades y formas de actuación que la sociedad demanda cada vez más. Concretamente, nos referimos a evitar en lo posible un sufrimiento innecesario a los individuos de las especies animales objetos de control. Una buena prueba de ello es el diseño de nuevas trampas multi-captura para roedores. Algunos modelos recientes de estos dispositivos incorporan un sistema de difusión de CO₂, el cual provoca una muerte rápida a las ratas y ratones que queden atrapados en su interior, reduciendo drásticamente el nivel de estrés y sufrimiento. Como decimos, este tipo de herramientas están surgiendo sin ninguna imposición, sino como una adaptación voluntaria a las nuevas sensibilidades. Eso sí, sin que se vean perjudicados el grado de eficacia de los tratamientos aplicados, la seguridad de las personas y el medio ambiente.

Más allá de la opinión personal que cada uno pueda tener al respecto, aprovechamos de nuevo la oportunidad para reivindicar la labor del sector de la sanidad ambiental, como una de las primeras y principales barreras que trata de prevenir y mitigar muchos de los problemas de salud pública actuales.